Causas de la crisis:

La causa económica del ``efecto tango'' hay que buscarla en las elevadísimas ganancias de las empresas privatizadas, en especial YPF, la petrolera estatal entregada a REPSOL. Otro factor fundamental fue la privatización del sistema de jubilaciones, que le quitó al estado una fuente importante de recursos (los aportes de los trabajadores), al tiempo que éste debía seguir haciéndose cargo del pago a los ya retirados. En otras palabras, el estado perdió sus medios de financiación, y como las empresas invierten en salarios y otros gastos sólo una parte ínfima de lo que recaudan, se convierten en monumentales sumideros de circulante. La única forma de reponer este dinero es mediante el endeudamiento, pero todo préstamo externo termina saliendo por el mismo sitio, ya que el estado perdió su capacidad de volver a recaudar el dinero que inyecta en el sistema.

Uno puede preguntarse entonces por qué otras economías neoliberales subsisten y la Argentina no: Parte de la respuesta está en que todo el sistema político y Judicial ha sido irremediablemente corrompido. La historia puede remontarse hasta la dictadura militar, pero se vuelve patente con la ampliación de la corte suprema de justicia durante el régimen de Menem, con el objeto de dejar las manos libres al régimen para llevar a cabo las privatizaciones por sobre cualquier norma jurídica. Esto convierte a la banda de ladrones que tomó el poder y las empresas privatizadas en un todo, que naturalmente no se pone límites a sí mismo. Como ejemplo, podemos citar a la cadena Carrefour, cuyo desembarque provocó la quiebra de numerosos pequeños comercios aumentando aún más la desocupación y la recesión, y que (según denunció el programa ``Detrás de las Noticias'') no pagaba impuesto a las ganancias porque ``no obtiene ganancias'', o las petroleras que adulteran la gasolina con benceno para evadir impuestos.

La otra mitad de la respuesta es que sí se puede mantener funcionando un proceso de acumulación de capital siempre y cuando se adquieran nuevas riquezas, ya sea mediante la invasión de nuevos territorios o, en tiempos más modernos, mediante la conquista de nuevos mercados. La privatización de los bienes estatales de las economías menos desarrolladas es parte de este proceso, y el efecto tango no es un caso aislado sino que forma parte de una larga serie de crisis regionales, desde el Sudeste Asiático hasta México y desde Rusia a Argentina, por citar sólo unos pocos episodios, el hilo se corta por lo más fino. De todas formas, cada uno de estos colapsos puntuales sólo aporta un flujo de capital que puede mantener el sistema cada vez durante menos tiempo.

Antecedentes históricos:

La historia argentina muestra una larga sucesión de democracias formales, débiles y poco representativas intercaladas entre dictaduras militares, que se alternaron en el poder mientras el nivel de vida en el país descendía inexorablemente. Con el golpe de estado de 1976 se impone un modelo económico que privilegia la especulación financiera por sobre el trabajo.

El régimen militar pone en marcha un plan de exterminio de la producción industrial, liderado por el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Mediante la apertura indiscriminada de las importaciones y un tipo de cambio de cambio subsidiado mediante préstamos de los organismos financieros internacionales, torna los productos argentinos excesivamente costosos, incapaces de competir frente a la avalancha de importaciones. Esto genera un endeudamiento externo que trepa desde unos u$s 7000 millones en marzo de 1976 hasta u$s 45000 millones en diciembre de 1983, a la vez que destruye una gran parte del sector industrial. Un oscuro funcionario que más tarde reaparecería recurrentemente en la economía argentina, el Dr. (Harvard University) Domingo Felipe Cavallo, transfiere las deudas de grupos financieros privados a las arcas estatales, incrementando aún más el endeudamiento.

Estas políticas son puestas en práctica mediante la más feroz represión de la historia argentina, que con la excusa de exterminar al ``marxismo ateo'' y a la ``subversión apátrida'' deja un saldo de unos 30000 desaparecidos. Cabe añadir que durante este período fueron derrocados la mayor parte de los gobiernos democráticos latinoamericanos, siendo reemplazados por dictaduras militares que endeudaron despiadadamente a sus países. Las consecuencias de esta política fueron especialmente trágicas para la Argentina ya que la mayoría de la población estaba constituida por técnicos y profesionales que dependían del sector industrial para su subsistencia.

Durante 1982, en un último intento de aplacar las protestas populares apelando a los sentimientos nacionalistas, el régimen invade las islas Malvinas. Esta acción le hace perder el apoyo externo, y el poder militar se desmorona rápidamente. En Diciembre de 1983 asume como presidente Raúl Alfonsín, elegido por el voto popular, poniendo fin a la más sangrienta dictadura de la historia argentina.

El gobierno de Alfonsín enjuicia a los responsables de los crímenes cometidos surante la dictadura, lo que despierta una enorme expectativa nacional e internacional. Sin embargo, la intención de conservar el status quo y de evitar cambios profundos diluye rápidamente los alcances de los juicios, quedando sólo punibles algunos de los más altos jerarcas de las fuerzas armadas. En ningún momento se juzgó a Martínez de Hoz ni a las mafias financieras locales e internacionales que instrumentaron el plan de exterminio.

Aparte de esto, la administración de Alfonsín transcurre entre aumentos continuos de precios y huelgas recurrentes de la central obrera, controlada por la oposición peronista. El gobierno se financia mediante la emisión monetaria y de bonos con intereses elevadísimos, lo que termina provocando un estallido hiperinflacionario. Alfonsín debe renunciar y entregar el gobierno al presidente electo, Carlos Saúl Menem, de la oposición peronista, con varios meses de anticipación. A esta altura la deuda pública ya alcanzaba los 64000 millones de dólares, siendo el aumento causado por la incapacidad de la Argentina de pagar los intereses, lo que obliga a continuas renegociaciones.

Menem entrega el ministerio de economía a Miguel Ángel Roig, un ejecutivo de la transnacional cerealera Bunge & Born, al mismo tiempo que anuncia la entrega de las empresas del estado al capital privado. Aparentemente su plan consistía en un modelo netamente agroexportador, en el que la consecuente marea de desocupados sería mantenida mediante planes de asistencia alimentaria para los marginados. Roig muere de un infarto a los pocos días de asumir y es reemplazado por Néstor Rappanelli, otro ejecutivo de Bunge & Born. Rappanelli es incapaz de ganar la pulseada al sector financiero y se produce un segundo estallido hiperinflacionario. Asume entonces Erman González en el Ministerio de Economía, quien congela los depósitos bancarios entregando a cambio bonos a los inversores (plan Bónex). Finalmente es nombrado ministro de economía Domingo Felipe Cavallo, el artífice del ``plan Bónex''. Cavallo anuncia el plan de convertibilidad, atando el valor del peso al del dólar y prohibiendo la emisión monetaria si no está respaldada por reservas en dólares.

La presidencia de Menem transcurre entre innumerables escándalos de corrupción, la entrega al capital privado de casi la totalidad del patrimonio estatal y el cierre de ferrocarriles, acerías, astilleros, etc.

No obstante, el peronismo gana las sucesivas elecciones: por un lado, luego de una historia de inflación crónica y dos recientes hiperinflaciones, la convertibilidad permite la compra a crédito, incentivando algo el consumo; y por otra parte, el principal partido de la oposición (radicalismo), sólo atina a criticar la corrupción pero acuerda en lo que respecta a las privatizaciones y a la apertura indiscriminada de la economía.

En 1993 Menem y Alfonsín firman el ``pacto de olivos'', por el cual los dos partidos mayoritarios acuerdan reformar la constitución. Se modifica la duración de los períodos presidenciales, de seis años sin posibilidad de reelección a cuatro años con posibilidad de una reelección. También se aumenta de cinco a nueve el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo que le permite a Menem contar en adelante con un poder judicial adicto.

Menem se impone en las elecciones de 1995 sobre el FREPASO, un frente integrado por peronistas disidentes, de tendencia más moderada, quedando los radicales en tercer lugar. Durante la segunda presidencia de Menem las privatizaciones y la apertura de la economía comienzan a hacer efecto: la desocupación y la miseria crecen de forma alarmante y la recesión se profundiza. Con el fin de incrementar la ``competitividad'', el gobierno de Menem cercena uno a uno los derechos laborales conquistados durante décadas: convenios colectivos de trabajo, jornada de ocho horas, derecho a indemnización por despido o accidente de trabajo, etc. Menem privatiza el sistema de jubilaciones y pensiones e introduce las aseguradoras privadas de riesgo de trabajo, encargadas de no pagar las indemnizaciones en caso de accidentes laborales. Todas estas medidas reducen drásticamente los salarios y aumentan espectacularmente la productividad, lo que genera una brutal desocupación y elimina todo riesgo de huelga.

La creciente cantidad de marginados encuentra, no obstante, una nueva forma de protesta: el corte de caminos. Durante los últimos años del régimen menemista hay permanentemente rutas y puentes ocupados por piquetes de desempleados o empleados estatales, a los que frecuentemente se les paga con varios meses de retraso. Los desalojos por parte de la policía o la gendarmería van dejando una lista creciente de muertos y miles de manifestantes enjuiciados por entorpecer el tránsito.

La fiesta continúa

Luego de fuertes presiones por lograr una tercera elección (a pesar de que la nueva constitución no lo permitía, a esta altura no hubiera sorprendido a nadie que la Corte Suprema de Justicia interpretara que donde dice ``un solo período consecutivo'' debía entenderse ``cuantos períodos Menem quiera''), en las siguientes elecciones se impone cómodamente una alianza entre los radicales y el FREPASO, que lleva a la presidencia a Fernando de la Rúa. Durante su breve mandato, la situación social se sigue deteriorando rápidamente. A pesar de la profunda recesión, Domingo Cavallo es vuelto a nombrar ministro de economía. No quedando más empresas estatales para liquidar, de la Rúa continúa la obra de Menem rebajando el 13% los salarios de los empleados públicos e introduciendo fuertes recortes en el ya escasísimo presupuesto, lo que provoca una abrupta caída del consumo y de la recaudación fiscal. Nuevas renegociaciones con los organismos internacionales de crédito aumentan la deuda pública a más de 211000 millones de dólares. Finalmente, una corrida bancaria pone fin a la convertibilidad. Al no conseguir fondos del exterior para enfrentar el retiro masivo de depósitos, el gobierno decide congelarlos. La falta de dinero agrava aún más la recesión, y el 19 de diciembre del 2001, se produce una oleada de saqueos a supermercados en varias ciudades del país. Los disturbios continúan y el 20 por la noche de la Rúa pronuncia un breve y patético discurso convocando a la unión nacional y declarando el estado de sitio. En lo que respecta a la apreciación sobre la clase política en general, nunca antes la Argentina había estado tan unida.

Apenas emitido el mensaje, vecinos de Buenos Aires salen a las calles blandiendo cacerolas y marchan hacia Plaza de Mayo. Finalmente, Cavallo renuncia y, luego de una violenta represión policial, hace lo propio de la Rúa.

En medio de una durísima pelea por el poder es nombrado presidente Rodríguez Saa, de la ``oposición'' peronista. Ante las presiones de los grupos económicos que piden ``dolarizar'' la economía (fundamentalmente las empresas extranjeras que administran los servicios públicos y otras transnacionales que quieren seguir recaudando dólares) y otros que pretenden devaluar (empresarios que quieren bajar los sueldos para competir más favorablemente en el mercado externo), Rodríguez Saa hace un montón de anuncios de dudoso cumplimiento. Una semana después, renuncia a su cargo ante la falta de apoyo de la mayoría de los gobernadores.

Una segunda asamblea legislativa nombra presidente a Eduardo Duhalde, quién había sido el candidato peronista vencido por de la Rúa en 1999 y anteriormente había acompañado a Menem como vicepresidente en 1989. Duhalde anuncia el fin de la convertibilidad y una fuerte devaluación del peso, a la vez que decide mantener el congelamiento del dinero de los ahorristas, el descuento del 13% de los sueldos de los empleados estatales y efectuar más recortes en los gastos del estado. Se vuelve a disparar el proceso inflacionario, con salarios que en pocos casos superan los 100 dólares mensuales, a la vez que se incrementa la militarización de la represión a la oposición